Sevilla – Emilio Sánchez Hernández
El Gobierno llevará al Consejo de Ministros durante el mes de julio un decreto con un paquete de medidas de vivienda que incorporará, según ha expuesto la ministra portavoz, Elma Saiz, propuestas que ya han recibido el respaldo de los distintos grupos parlamentarios a lo largo de la legislatura con el objetivo de lograr su convalidación. Saiz ha avanzado que se tratará de un plan “ambicioso” y “transversal” para abordar de forma “integral” el problema del acceso a la vivienda, estructurado en dos grandes bloques: uno orientado a contener el precio de los alquileres —con iniciativas como la regulación de los contratos temporales, la prórroga de los alquileres, la obligatoriedad de firmar los contratos por escrito o bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio de la renta— y otro destinado a aumentar la oferta de vivienda asequible, que incluirá, entre otras medidas, la subida del IVA al 21% para las viviendas turísticas.
El decreto nace en esta ocasión de un acuerdo alcanzado en el seno del Gobierno y no desde una imposición de una de las partes, como ocurrió en marzo, cuando los ministros de Sumar se negaron a entrar en el Consejo de Ministros hasta que sus compañeros socialistas accediese a aprobar el decreto de prórroga de los alquileres que acabó decayendo en el Congreso a finales de abril tras el voto en contra de PP, Vox y Junts.
De manera paralela al anuncio de Saiz, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también ha trazado el contenido general del decreto y ha expresado tácitamente que el decreto no está cerrado, pues ha explicado que en las próximas semanas “hay margen para seguir hablando con los grupos” parlamentarios, especialmente con Junts, que, una vez cayó el primer decreto no se cerró a apoyar otro futurible si incluía deducciones fiscales a propietarios y si se aceleraba la transposición y posterior aplicación de la directiva europea del IVA franquiciado para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, un asunto que depende en su totalidad del Ministerio de Hacienda, controlado por el PSOE.
“Junts ha pedido medidas en materia de fiscalidad de las que estamos dispuestos a hablar. El anterior decreto cayó por su voto en contra y a las pocas horas la portavoz de Junts ofreció la posibilidad de que se hablara para volverlo a traer. Fue una invitación que hizo la propia señora Miriam Nogueras. Desde entonces, evidentemente, hemos estado hablando y trabajando y conocemos sus condiciones”, ha expresado Urtasun, que no ha precisado qué día de julio está previsto que se apruebe en Consejo de Ministros el decreto, aunque lo previsible es que se apure todo el mes, hasta que las negociaciones den sus frutos.
El ministro no ha dado más detalles sobre las conversaciones o las medidas concretas que demanda Junts, que, en cualquier caso, además de las dos ya expuestas, en abril registró en el Congreso su propia iniciativa que incluía deducciones fiscales por compra de vivienda, rebajas fiscales al alquiler para inquilinos con renta inferior a 33.007,20 euros o deducciones para personas mayores que tienen que vender su vivienda habitual para pagarse una residencia.
Sea como fuere, uno de los principales escollos en las negociaciones se encuentra en la manera de trasponer la directiva europea del IVA franquiciado para los autónomos que facturen hasta 85.000 euros anuales. La ley establece que esa debe ser la cantidad máxima que han de cobrar los profesionales para que puedan, si así lo desean, acogerse a dicha medida, pero no cierra la puerta a establecer un límite menor si así lo acuerdan los gobiernos nacionales. El problema es que Junts quiere que en España el límite figure en los 85.000 euros, mientras que Hacienda no parece dispuesta a llegar a esa cantidad por los perjuicios que ocasionaría en el erario público.
La vivienda ha sido uno de los factores que mayor discordia ha generado en esta legislatura, incluso dentro del propio Gobierno. Cuando el presidente Pedro Sánchez anunció en enero rebajas fiscales a caseros que no subieran el alquiler recibió las críticas no solo de los grupos de izquierdas del Congreso, sino también de Sumar, su propio socio de Ejecutivo. El espacio plurinacional ha llegado incluso a acusar al PSOE de “flaquear” en este asunto
El pacto de este nuevo decreto viene a limar las asperezas dentro del Gobierno en lo relativo al problema de la vivienda, pero la realidad es que a día de hoy no cuenta con los apoyos para sacar la norma adelante, aunque el PSOE y Sumar se agarran a las negociaciones que están previsto que se desarrollen a lo largo de este mes de julio. Y esas negociaciones, descartados PP y Vox, contando incluso con la recurrente abstención del PNV, solo tienen un destinatario: Junts.
Es cierto que, tras dejar caer el primer decreto, los independentistas catalanes no se cerraron a apoyar otra iniciativa que incluyese sus demandas, pero a la imprevisibilidad que en este legislatura les ha caracterizado se une ahora la abierta hostilidad que mantienen con el Gobierno y, en especial, con Pedro Sánchez.
Junts ya ha cuestionado en más de una ocasión en los últimos dos meses el sentido de continuar con la legislatura, ha pedido de manera clara elecciones y, sin ir más lejos, la semana pasada votó a favor de una moción del PP para instar al presidente a que dimita o se someta a una cuestión de confianza, una iniciativa que, sea como fuere, no tiene efectos jurídicos. Ello, sin contar con la enmienda que la semana anterior introdujo en otra moción del PP que iba en un sentido parecido y que censuró la Mesa del Congreso aduciendo “invasión de competencias” presidenciales.
De esta manera, el escenario difiere al de abril. Ello, a pesar de que supuesta y oficialmente Junts rompió relaciones con el PSOE en octubre de 2025. Oficialmente porque así lo decidieron la militancia y la cúpula del partido. Supuestamente porque desde entonces, aunque son más los varapalos, los posconvergentes han prestado su apoyo al Gobierno en asuntos excepcionales como el decreto anticrisis por la guerra en Irán.
En este contexto, de aprobarse en Consejo de Ministros —previsiblemente a finales de julio— el nuevo decreto sobre vivienda, comenzarán a contar los 30 días hábiles que tendrá el Gobierno para llevarlo al Congreso, algo que podría suceder la última semana de agosto o a principios de septiembre. Entretanto, estarían en vigor las medidas que incluyese.
La coyuntura recordaría a la de abril, cuando algunos juristas, e incluso la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, cuestionaron la seguridad jurídica que tendrían aquellos inquilinos que hubiesen solicitado la prórroga de sus alquileres durante el periodo de vigencia de la norma en caso de que el Congreso la rechazase, como así sucedió.
Fuente: 20 minutos